La pobreza es, posiblemente, el determinante social más importante de la salud. Y son las insuficientes políticas sociales y el incremento de las desigualdades las que más contribuyen a perpetuar la pobreza. En este contexto es especialmente grave la limitada capacidad de protección del Sistema de garantía de ingresos en España y su fragmentación y “no integración”.
Es, por tanto, urgente que el Sistema de garantía de ingresos en España se dote de un marco de atención integrada donde aspectos cruciales como la tipología y niveles de prestaciones, distribución competencial, organización y accesibilidad, financiación y gestión conecten los agentes del Sistema para garantizar unos ingresos dignos para todos.
Un gran número de evidencias ponen de manifiesto el alto impacto de la desigualdad y la pobreza en la salud de las personas. A modo de ejemplo, la pandemia del COVID-19 ha sido una de las últimas situaciones que demuestran que las enfermedades afectan mucho más a las personas que se encuentran en situación de pobreza. La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha demostrado que en la ciudad el ratio de riesgo aumentó más en los grupos más pobres en comparación con los más ricos, principalmente en la segunda ola (Marí-dell’Olmo et al, 2021).
También es bastante conocido el efecto de “la escasez” sobre la capacidad a tomar decisiones en la gente que sufre pobreza (Mani et al, 2013) y en especial a tomar decisiones en relación a su salud. En el campo de la alimentación es bastante conocida su influencia en la generación de inseguridad que conlleva problemas de salud (Tarasuk, 2001).
Las políticas de garantía de ingresos deben ser, pues, una herramienta esencial para la protección de la ciudadanía frente a la pobreza y, en consecuencia, para favorecer una mejora en su salud. Recientemente un experimento de Renta Básica en la ciudad californiana de Stockton ha demostrado que los receptores de efectivo eran más sanos, felices y menos ansiosos que sus homólogos del grupo control.
Pero el Sistema de Garantía de Ingresos en España es desigual en función de quién es el beneficiario, fragmentado según el nivel de la Administración competente y complejo en términos de accesibilidad y gestión.
Una de las primeras diferencias en el nivel de protección es lo que da tener derecho a una prestación contributiva (derivada de la contribución realizada en función del trabajo) o en una no contributiva. En el primer caso la capacidad de protección está suficientemente demostrada tanto en el caso de las pensiones como de las prestaciones de desempleo. El efecto redistributivo de las pensiones domina el sistema de protección en España (Ramírez y Manresa, 2019) y tiene una incidencia capital para la reducción de los niveles de pobreza entre los mayores de 65 años durante los años de la anterior crisis financiera.
Otro ejemplo en este sentido son los recientemente creados ERTE de los que Oxfam Intermón destaca que habrían evitado que más de 710.000 personas caigan en la pobreza.
El otro nivel de protección es el no-contributivo o asistencial. Una de las características del Sistema de garantía de ingresos español es la existencia de dos redes paralelas de prestaciones asistenciales, las rentas mínimas autonómicas (RMA) y las del sistema vinculado a la Administración General del Estado (AGE), tanto en el ámbito de la Seguridad Social como de la protección al desempleo (Sanzo, 2018). Además hay que sumar el nivel local, competente en función de las leyes de servicios sociales autonómicas para dar prestaciones de urgencia y dirigidas a las situaciones graves para cubrir las necesidades básicas de alimentación o alojamiento.
Es en este marco donde las políticas de garantías de ingresos asistenciales han demostrado ampliamente su insuficiencia. Las RMA deberían ser la herramienta principal para la reducción de la pobreza pero su nivel de cobertura y cuantía es muy bajo con algunas excepciones como las del País Vasco y Navarra.
Una de las explicaciones al poco interés en el desarrollo de las RMA es su competencia con otras prestaciones asistenciales de ámbito estatal y del entorno de fragmentación que crea un entorno favorable a la des-responsabilización. Es en este contexto que hace unos años la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya hizo una propuesta de integración de prestaciones que se concretó al principio de esta legislatura en la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en fase actual de despliegue.
Pero la realidad es que lejos de las pretensiones de la AIREF, el IMV no supone una integración y simplificación de las prestaciones asistenciales sino que añade una más. Todo ello suma un cúmulo de ineficiencias y complejidades de los modelos de atención con múltiples administraciones implicadas que obligan al ciudadano a iniciar múltiples procesos de demanda de ayuda y transitar por procedimientos diferentes de alta complejidad para satisfacer una única necesidad: la falta de recursos económicos para una vida digna.
Es urgente y necesario un replanteamiento del Sistema de garantía de ingresos desde una óptica de la atención integrada entre los diferentes niveles de la Administración. Y hablamos de atención integrada como mejor opción para conectar los diferentes niveles de la administración implicados y sus actuales políticas.
Algunas premisas de un nuevo modelo:
- El Sistema debe ser eficaz y esto quiere decir que debe alcanzar su objetivo, ninguna persona en el país sin unos ingresos dignos. Por ello es necesario un gran consenso social y político para que, entre otras cosas, movilice los recursos presupuestarios para lograrlo.
- Debe ser un Sistema orientado al ciudadano y, por tanto, fácilmente accesible y con procedimientos amigables armonizados entre las diferentes administraciones.
- Es necesario una distribución de competencias y responsabilidades entre los niveles de la Administración clara y aceptada por las partes. La ciudadanía debe tener claro a qué nivel le corresponde proteger cada colectivo o situación de necesidad. Cada Administración debe tener clara su responsabilidad y tener capacidad presupuestaria para hacer frente.
- Es imprescindible avanzar en grandes consensos en relación a los aspectos nucleares de definición de todas las políticas. Hay que dar respuesta a los grandes debates sobre cuál es el objeto a proteger, cuáles son las cuantías mínimas para una vida digna, como se da respuesta a la diversidad de situaciones personal o familiares o cuál es el nivel de condicionalidad exigible.
- Se debe desarrollar un sistema de gestión integrado donde se busquen sinergias y se eviten duplicidades.
Una nueva política social en el campo de la garantía de ingresos es, pues, esencial para la mejora de la salud.
Referencias
Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. science, 341(6149), 976-980.
Marí-Dell’Olmo M, Gotsens M, Pasarín MI, Rodríguez-Sanz M, Artazcoz L, Garcia de Olalla P, Rius C, Borrell C. Socioeconomic Inequalities in COVID-19 in a European Urban Area: Two Waves, Two Patterns. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(3):1256. https://doi.org/10.3390/ijerph18031256
Ramírez, S. C., & Manresa, A. (2019). Crisis económica y desigualdad de la renta en España: efectos distributivos de las políticas públicas. Funcas.
González, L. S. (2018). La política de garantía de ingresos en España. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria= Revista de servicios sociales, (65), 41-51.
Tarasuk, VS (2001). La inseguretat alimentària de les llars amb fam s’associa amb la ingesta d’aliments de les dones, la salut i les circumstàncies domèstiques. The Journal of nutrition , 131 (10), 2670-2676.
Foto de Anton Repponen
