A caballo entre la segunda y la tercera ola, el comercio intenta aprovechar la campaña de Navidad para salvar los muebles. La Covid-19 no sólo ha puesto en máxima tensión a los sistemas sanitarios: el PIB español ha caído un 18% durante el segundo trimestre de 2020, en relación con el mismo período del año pasado. Mientras nos lamentamos por los que ya han bajado la persiana, y con el miedo de una caída aún más severa de la economía, se llama a hacer gasto para no asistir al cierre de más negocios.
En el sistema sanitario, el nivel de gasto ha aumentado de forma extraordinaria para dar respuesta a las necesidades relacionadas a la Covid-19. Los expertos (en un reciene análisis de FEDEA) aproximan en un 11% el sobrecoste sanitario directo (sin contar los pacientes de otras patologías no atendidas durante la primera ola ni el coste en pérdidas de salud y productividad de las personas). Se han construido nuevas instalaciones, se ha comprado material sanitario, se ha aumentado el gasto hospitalario y se han hecho tests masivos, entre otros. La situación de los últimos meses ha hecho más explícito el amplio e histórico consenso respecto la infrafinanciación estructural que sufre el sistema, pero a la vez ha aflorado la necesidad de evaluar el uso de los recursos: a menudo estas acciones se han realizado con una justificada prisa pero también cierta arbitrariedad, sin criterios de priorización claros y sin un análisis de los beneficios aportados en relación a su coste. No es casualidad que el pasado mes de septiembre el Comité de Expertos para la Transformación del Sistema Público de Salud identificara estos dos aspectos como prioritarios: de entre las 30 medidas para fortalecer el sistema de salud medidas para fortalecer el sistema de salud, la primera, una mejor financiación; la segunda, una agencia de evaluación.
No sólo se trata de situar el gasto público en salud sobre el PIB a niveles europeos, sino también de maximizar el valor de estos recursos: gastar más y gastar mejor. Todos los sistemas de salud tienen la obligación de valorar de forma objetiva la efectividad, la seguridad y los costes de los medicamentos, tecnologías, intervenciones y prácticas sanitarias. La evaluación de la relación coste-efectividad debería servir de base en la decisión de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios del sistema nacional de salud, así como de su precio a pagar. Desde hace algunas semanas, un grupo multidisciplinar de profesionales del sector de la salud clama por el establecimiento de una agencia independiente de evaluación de políticas de salud con carácter decisorio que, desde el análisis de la evidencia, determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan. En Cataluña, esto pasaría por constituir una entidad nueva, al estilo del famoso National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico, o bien revisar y adecuar el papel de la ya existente Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), dotándola de capacidad decisoria y dimensionándola para ejercer su función para que lidere los aspectos relacionados con la evaluación en salud y promueva la toma de decisiones basada en la evidencia. Entre las principales funciones de este organismo estarían la de revisar y priorizar la cartera de servicios con criterios de coste-efectividad; hacer recomendaciones vinculantes sobre actividades y prácticas clínicas que hay que dejar de financiar y de hacer, o evaluar los resultados de los centros sanitarios, vinculándolos con la contratación, entre otros. Si nos fijamos en el modelo de gobernanza de los casos de éxito a nivel comparado, observamos que éste debería ser un órgano independiente, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y con las funciones bien definidas.
Estas voces ven una ventana de oportunidad en los fondos europeos (este año mucho más esperados que los reyes de oriente): administración, centros de investigación, proveedores asistenciales y empresas privadas deberán competir (aunque no se sabe en qué condiciones) para optar a unos recursos que algunos han caracterizado como “la última oportunidad”. Tras la trifulca para repartir el pastel será necesario concentrarse en hacer políticas transformadoras, diferentes, que sean realmente útiles, y no “más de lo mismo” como huida adelante. Sin esta nueva cultura de análisis objetivo y sistemática… saldremos? Si lo único que cambia es la urgencia de la necesidad, no hay motivos para creer que “esta vez es la buena”. El tamaño de los fondos europeos pueden ser proporcionales a la frustración que puedan generar si el gasto no se hace de manera consciente y racional.
Si queremos salvar el comercio local, evitamos comprar en grandes plataformas. Tampoco en el sector público todo gasto es inherentemente bueno: hay gasto que no sirve para lo que se quiere conseguir. Hacer políticas de salud basadas en la evidencia, con transparencia, objetivos concretos y buenas medidas de éxito o fracaso es lo único que a la Next Generation le servirá para tener un sistema sanitario público (solvente), con independencia del tamaño del su financiación. No les fallemos.
