Tradicionalmente, los gobiernos que han buscado fomentar la innovación han dirigido sus esfuerzos a garantizar que los proveedores operen en un entorno propicio a la innovación, principalmente eliminando las barreras de entrada de las empresas, facilitando la entrada en el mercado de bienes y servicios nuevos o mejorados (basados en la innovación) y responder a la demanda insatisfecha o latente.
En los últimos años, sin embargo, el papel de las llamadas “políticas del lado de la demanda” han ganado protagonismo[1]. Estas políticas incluyen la compra pública, la regulación, el establecimiento y certificación de estándares, políticas de consumo, e iniciativas de innovación lideradas por los usuarios, para abordar las fallas del mercado y del sistema en áreas en las que hay necesidades sociales insatisfechas.
La compra pública puede estimular la innovación cuando se cumplen determinadas condiciones: (i) cuando expresa un conjunto claro y coherente de necesidades que el esfuerzo innovador debe tratar en una especificación de contrato clara; (ii) cuando la calidad se sitúa en el centro de la licitación, en lugar del mero precio; (iii) cuando proporciona un mercado asegurado para productos tempranos con posibilidades comerciales inciertas; y (iv) cuando obliga a los contratistas a compartir información y fomenta la entrada de nuevos competidores de manera que estimule la difusión de la tecnología.
El objetivo de la compra pública de innovación es garantizar que los nuevos desarrollos coincidan con las necesidades de los usuarios finales[1]. En 2004, los gobiernos francés, alemán y británico emitieron un documento de posición en el Consejo Europeo reclamando el uso de la compra pública en toda Europa para impulsar la innovación[2]. Posteriormente, un informe del Aho Group identificaba grandes áreas donde se podía utilizar más intensamente la compra pública de innovación: salud electrónica, productos farmacéuticos, energía, medio ambiente, transporte y logística, seguridad y contenidos digitales[3].
La compra pública se reconoce cada vez más como un instrumento estratégico potencial y una palanca política para alcanzar los objetivos de las políticas gubernamentales, como la innovación, el desarrollo de las PYMES, el crecimiento ecológico sostenible y objetivos sociales como la salud pública[1]. Todos estos objetivos se ajustan a los objetivos especificados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El uso estratégico de la compra pública para impulsar la innovación está estrechamente relacionado con el poder de un gobierno para modelar y crear las condiciones del mercado. Dada la magnitud de la compra pública, los gobiernos, entre otros agentes, pueden influir en la demanda a nivel nacional o regional, y también pueden enviar una señal al mercado como usuario principal y influir en la difusión de las innovaciones de manera más amplia. Como resultado, el papel del comprador en el sector público está cambiando para incluir más elementos de la gestión activa del riesgo y de los beneficios. De manera similar el uso estratégico de la compra pública de innovación requiere un fuerte compromiso político, una gestión estratégica, capacidades para gestionar nuevos procesos organizativos y nuevas formas de trabajar en todos los niveles de gobierno[1]. Para que las autoridades públicas actúen como cliente principal, hay que definir las necesidades a largo plazo, desarrollar una política de innovación y una estrategia de compra. Esto significa pasar de poner el foco en el proceso de compra a poner el foco en los problemas que se deben resolver. Para las empresas privadas, requiere actuar como socio cooperativo, desarrollando soluciones a medida y no impulsando soluciones innovadoras. Si desea saber más sobre compra pública, el Expert panel on effective ways of investing in health de la Comunidad Europea, del que soy vicepresidenta, acaba de publicar un informe donde se ponen de manifiesto algunos de los grandes retos y oportunidades en relación a este tema, incluyendo la compra pública de innovación.
El programa Horizon 2020 de la Unión Europea ha desarrollado instrumentos para impulsar la compra pública de innovación y su implementación en toda Europa, con un presupuesto de 124 millones de euros para el periodo 2018-2019, y un total de 39 proyectos cofinanciados por la UE[1]. De entre todos ellos, destacan cuatro proyectos catalanes:
anti-SUPERbugs – Consorcio de proveedores sanitarios que busca soluciones TIC inteligentes para detectar la presencia de microorganismos resistentes. El objetivo es dar feedback en tiempo real al usuario y compartir la información con los sistemas de registro electrónico del proveedor sanitario que relacionen la infección con el lugar de detección. Partipan el Instituto Catalán de Oncología, la Fundación Docencia e Investigación Mutua de Terrassa, y la AQuAS.
DECIPHER – Consorcio de proveedores de salud pública para adquirir soluciones innovadoras que permitan una atención médica más eficiente y segura para pacientes con enfermedades crónicas. Las soluciones creadas han generado más de € 8M en las regiones adjudicatarias.
STOP AND GO – Consorcio para el desarrollo de servicios innovadores de teleasistencia basados en las TIC para personas mayores que sufren múltiples afecciones tales como insuficiencia cardíaca, diabetes, etc. En Barcelona, por ejemplo, los desfibriladores cardioversores implantables de nueva creación supusieron una reducción del 9,8% de las visitas al hospital y una disminución del riesgo de muerte del 29%. El proyecto está finalizado y ha participado el Hospital de Sant Pau y la AQuAS.
RITMOCORE – Consorcio de hospitales para obtener soluciones innovadoras para el tratamiento de pacientes mayores con arritmias, que persigue un despliegue más amplio de estas soluciones tras el éxito de la STOP AND GO. Incluye un centro de apoyo para la supervisión remota de marcapasos, el suministro de conjuntos de información predefinidos a todas las partes interesadas en el recorrido asistencial, la integración y el etiquetado de calidad de los dispositivos y equipos portátiles de control de los signos vitales en el hogar y el apoyo para la activación del paciente. Participa el Hospital de Sant Pau, el Hospital de Bellvitge, el Hospital Mutua de Terrassa, y la AQuAS es el centro coordinador.
Si le interesa la compra pública de innovación, os recomendamos contactar con la AQuAS que, dentro del sistema sanitario catalán, actúa de hub de este tipo de proyectos.
Referencias
[1] OECD 2011. Demand-side Innovation Policies, Paris, OECD Publishing.
[2] ALESSANDRELLO, R. & MASPONS, R. 2018. La compra pública d’innovació com instrument facilitador per a l’adopció de les innovacions basades en valor al sector salut. Ann Med (Barc 1976). 101, 72-75.
[3] FRENCH GERMAN AND UK GOVERNMENTS 2004. Towards an innovative Europe. A paper by the French, German and UK Governments.
[4] AHO, E., CORNU, J., GEORGHIOU, L. & SUBIRA, A. 2006. Creating an innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit, chaired by Mr. Esko Aho, Brussels, European Communities.
[5] EDQUIST, C., VONORTAS, N., S., ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, J. M. & J., E. (eds.) 2015. Public Procurement for Innovation, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
[6] OECD 2015. The Innovation Imperative in the Public Sector: Setting an Agenda for Action, Paris, OECD Publishing.
[7] EUROPEAN WIDE INNOVATION PROCUREMENT IN HEALTH CARE. 2020. EURIPHI – European wide Innovation Procurement in Health and Care [Online]. Available: https://www.euriphi.eu/ [Accessed 10th May 2020].
Foto de Markus Spiske
