El control de la enfermedad Covid19, que no su desaparición, en los países occidentales europeos ha provocado un alud de propuestas y consideraciones sobre el futuro de los sistemas sanitarios, especialmente en los países donde la cobertura universal de su sistema nacional de salud es a la vez solución (por la garantía de equidad de acceso) y problema (por la difícil sostenibilidad económica), como ocurre en España y Cataluña.
Hace unos días, la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, los colegios catalanes de médicos y de enfermeras, y más de una quincena de las más importantes sociedades científicas del país apoyaban una propuesta común de transformación del sistema sanitario de la que se han hecho eco algunos editoriales de los diarios más importantes, como La Vanguardia y el diario ARA. Esta propuesta transversal, reflexiva, serena pero al mismo tiempo urgente, recoge elementos relacionados con la financiación del sistema, con la gestión de las organizaciones, con la mejora de la salud pública, con la preparación para futuras epidemias, con el acompañamiento a la gente mayor y con el modelo de contratación y retribución de los profesionales de la salud.
La situación contractual de los profesionales de la salud es un tema de largo debate en Cataluña. Lo era en los años 90, por la situación de los especialistas sin título oficial, lo siguió siendo por la situación de los interinajes (la eterna trampa del empleo público) y la precariedad temporal de contratos, lo fue en la primera década del siglo XXI, cuando se organizaron los intensos y desaprovechados foros de la profesión médica y enfermera, y entró en auténtica crisis en 2010, cuando los ajustes continuados recortan la capacidad adquisitiva de los profesionales entre el 20 y el 30% en los últimos 8 años . Finalmente, el enfrentamiento de una crisis sanitaria inédita, de afectación universal y trágica, pone de manifiesto que la salud es demasiado importante, que los profesionales de la salud están en el primer lugar y entre las profesiones imprescindibles en una sociedad moderna y que cuando comparamos la remuneración ajustada al nivel de vida de los profesionales catalanes (y españoles) con los países que nos rodean la comparación da vergüenza.
Por lo tanto, sería imperdonable no afrontar el reto de la transformación y mejora del modelo contractual de los profesionales de la sanidad pública, porque seguramente nunca como ahora se había dado una situación tan confluente para implantar mejoras retributivas. Pero habrá que hacerlo con inteligencia, para promover el profesionalismo y recompensar más adecuadamente el esfuerzo y la efectividad. Si llegan más recursos, la oportunidad es magnífica para introducir cambios y dedicar más dinero a reconocer adecuadamente quien más se lo merece. Todos los agentes tendrán que hacer un esfuerzo de adaptación y revisar viejos principios para mirar hacia el futuro, porque nada es más inequitativo que tratar igual a los que son diferentes.
Los modelos estatutarios y uniformadores son caducos, tenían vigencia seguramente hace 60 años ante la necesidad de mantener un sistema estructuralmente muy frágil que requería fuerte estabilidad administrativa. Es evidente que hoy las organizaciones sanitarias son dinámicas por definición, necesitan desprenderse de carga burocrática y dedicar los esfuerzos a la innovación y al cambio, deben adaptarse para responder a las necesidades individuales y colectivas y deben evaluarse en base a resultados. La relación que establecen estas organizaciones con sus profesionales debe ser coherente con este dinamismo, y, por tanto, hay que aspirar a las mejores condiciones contractuales basadas en el mérito, la acreditación, la competencia y la experiencia.
Habrá que hacer un antes y un después de la transformación contractual, respetando derechos adquiridos del pasado donde los nombramientos daban condición de propiedad de la plaza, y hacer las modificaciones legislativas oportunas para que en adelante se contrate con régimen laboral estable a los profesionales más adecuados en función de los perfiles necesarios, respetando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia de los candidatos en las correspondientes convocatorias, que habrá que diseñar de acuerdo a los puestos a cubrir. Que en la selección y evaluación de profesionales actúen decisivamente sus mandos y que se garantice a través de mecanismos participativos (órganos colegiados) que el proceso sea siempre muy limpio.
Por último, los altos directivos de las organizaciones sanitarias deberían dejar de tener la consideración administrativa de altos cargos de la administración a la que pertenecen las entidades que los contratan, razón por la que se asimilan de forma muy injusta a cargos electos o de responsabilidad política que les obliga de forma impropia al cumplimiento de códigos pensados para estos últimos. Los directivos deben ser profesionales seleccionados y evaluados por sus méritos basados en criterios de gestión y de resultado, deben cumplir el código de conducta propio de la entidad que los contrata y su nombramiento debe responder a la confianza de su órgano rector, que evidentemente podrá decaer a consecuencia del incumplimiento de objetivos en su obligada rendición de cuentas.
Tras la peor epidemia vivida desde hace 100 años, en pocos momentos como el actual había sido más justificado afrontar una mejora de condiciones de los profesionales de la salud con gran parte de la opinión pública apoyando la necesidad. Para abordarlo, los presupuestos gubernamentales deberán encontrar los recursos adicionales necesarios y habría que hacerlo de manera urgente. Al mismo tiempo todos los agentes del sector público deberán estar a la altura, impulsando las prácticas clínicas de valor y transformando la administración pública sanitaria hacia un modelo más profesional e innovador, cuestión que tampoco puede esperar nada.
